Resumen: Se estima el recurso formulado por el Mº Fiscal contra el auto de la A.P. que acordó revisar la pena de 7 años de prisión impuesta al condenado por un delito continuado de agresión sexual sobre menor de 16 años de los arts. 178 y 180.1.4º CP, vigentes a la fecha de los hechos, por la de 5 años de prisión. La Audiencia se ha limitado a trasponer los preceptos aplicados a los actuales correlativos guarismos, sin advertir que los hechos en la actualidad son merecedores de un reproche penal mucho más severo como consecuencia de sucesivas reformas penales. De un lado, la introducción del dedo en el ano convierte los hechos en acceso carnal según disposición no vigente en el momento de su comisión pues obedece a la reforma operada por LO 15/2003.De otra parte, olvida que en la actualidad el art. 181 entra en juego para todos los menores de 16 años, en el que, además, aparece como agravante específica la convivencia (art. 181.4.e), desde la reforma de 2021. Esta calificación ya nos situaría, a tenor de la LO 10/2022 -hoy ley intermedia-, en un arco penológico que oscilará entre diez años y seis meses y doce años. En consecuencia, procede dejar sin efecto la revisión efectuada, ya que la pena mínima sería superior a la impuesta. Además, habría que añadir penas conjuntas de inhabilitación (art. 192.3 CP) que supondrían todavía mayores perjuicios.
Resumen: Confirma la condena por delitos de agresión sexual a menor de 16 años, con acceso carnal y prevalimiento, de exhibicionismo de pornografía y de captación de menor de edad para elaborar material pornográfico. En los delitos contra la libertad e indemnidad sexual la declaración o testimonio de la víctima es la prueba de cargo más relevante, estableciéndose criterios que coadyuban para su valoración como son la ausencia de incredibilidad subjetiva (inexistencia de sentimientos espurios), credibilidad objetiva (corroboraciones periféricas con otras pruebas objetivas o indicios) y persistencia en la incriminación; la deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración y puede compensarse con un reforzamiento en otro. Dichos parámetros valorativos que concurren en el caso.. Los delitos son cometidos en forma continuada, continuidad delictiva que requiere que: a) la víctima sea siempre la misma persona; b) existencia de un dolo y un mismo plan de ejecución unitarios y. no solo con respecto a la identidad entre los diferentes tipos penales infringidos, sino también a la semejanza comisiva en cuanto a las circunstancias de lugar, ocasión, etc. que las caractericen; y c) no se produzcan importantes censuras o soluciones de continuidad dilatadas entre los distintos hechos o grupos de ellos. La continuidad concurre. Los delitos cometidos no han prescrito, ya que se cometen sobre víctima menor de edad, iniciando la prescripción cuando esta alcanza la mayoría de edad.í
Resumen: Confirma la condena por delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de edad. Los hechos se acreditan por la declaración de la menor, en la que se considera concurrentes los parámetros de ausencia de incredibilidad subjetiva (ausencia de sentimientos espurios), verosimilitud del testimonio (corroboraciones periféricas) y persistencia en la incriminación (sin dudas ni contradicciones en sus elementos esenciales). Frente a la prueba de cargo, corresponde a la defensa la acreditación de los hechos impeditivos, obstativos o extintivos de los hechos imputados y de su participación en ellos, sin que los contraindicios (ej. las coartadas poco convincentes) sirvan para considerar al acusado culpable, aunque sí pueden ser idóneos para corroborar la convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo en prueba directa o indiciaria. El daño moral indemnizable abarca de forma amplia las afecciones psíquicas producidas por el delito (sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad o angustia, temor, etc.), no precisándose prueba en los casos en los que su existencia se infiere inequívocamente de los hechos probados. No se aprecia el tipo agravado del art. 181, 4, e) CP. que recoge: a) el abuso de una relación de superioridad con la víctima, no bastando la diferencia de edad; b) el abuso de una relación de parentesco, excluyendo los afines (tíos); y c) el abuso de una relación de convivencia (inexistente en el caso).
Resumen: El acusado fue condenado como autor de un delito continuado de agresión sexual a la pena de nueve años de prisión. Se revisa la condena y se rebaja la pena de prisión hasta los ocho años y seis meses. Recurre el Ministerio Fiscal con base en un único motivo, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley. El motivo se desestima. El marco punitivo actual es más beneficioso que el previsto en la norma derogada. La nueva pena impuesta, ocho años y seis meses de prisión, es plenamente conforme con la jurisprudencia de la Sala. No obstante, se estima la petición subsidiaria. Procede la automática imposición de la pena de inhabilitación para el contacto profesional con menores, prevista en el apartado 3 del art. 192 del Código Penal. La legislación más favorable debe imponerse en bloque.
Resumen: La medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación estaba acordada en una orden de protección en el seno de unas Diligencias Previas anteriores por un delito relacionado con la Violencia de Género. Agresión sexual con violencia sin que se haya acreditado que terminó con una penetración como tal. Tentativa de agresión sexual con penetración. Agravante de parentesco en la que no quede incluido el noviazgo sin convivencia ya finalizado en el momento de ocurrir los hechos. Agravante de discriminación por razón de género. Requisitos para su concurrencia, no es suficiente con la acreditación de que exista o hubiera existido, en el pasado, una relación de análoga afectividad aún sin convivencia. Dilaciones indebidas. Distinción entre atenuante simple y muy cualificada
Resumen: El acusado interpone recurso de casación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Presunción de inocencia. La Sala, tras exponer el control casacional sobre la presunción de inocencia, concluye que la declaración de la víctima cumple las exigencias establecidas en la jurisprudencia y constituye prueba de cargo suficiente. Derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho comprende la satisfacción de la pretensión deducida ya sea estimándola ya sea desestimándola, así como la exposición de una motivación explícita que permita conocer las razones de la decisión y que esa motivación no sea arbitraria o irrazonable. Prevalimiento. La sentencia ratifica la apreciación del prevalimiento en el delito de agresión sexual por la ascendencia que el recurrente necesariamente tenía sobre la menor al ejercer funciones de padre para con ella. Individualización de la pena. El quantum penológico no es revisable en casación si, ajustándose a parámetros legales, está suficientemente motivado, incluso en los supuestos en que pudieran existir otras decisiones más beneficiosas para el recurrente, porque el ejercicio de esa discrecionalidad atinente al quantum está confiado por la ley al tribunal de instancia.
Resumen: Cuando la declaración incriminatoria del acusado se produce en el propio acto del juicio oral con plenas garantías de contradicción, oralidad y publicidad, compete al Tribunal sentenciador la valoración de su credibilidad y poder de convicción conforme a los principios de inmediación y de valoración en conciencia de la prueba que rigen nuestro proceso penal. Se trata es de garantizar que una prueba como es la confesión judicial, que por su propia naturaleza es independiente de cualquier otra circunstancia del proceso ya que su contenido es disponible por el acusado y depende únicamente de su voluntad, no responda a un acto de compulsión, instrucción fraudulenta o intimidación. Existencia de una grabación que, transcrita y cotejada, plantea un ambiente compatible con los hechos confesos del acusado. Atenuante muy cualificada de drogadicción al estar acreditado el consumo, no solo habitual de drogas, sino el inmediato previo a la comisión del delito.
Resumen: Delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años. Declaraciones de la menor, corroboradas por otras pruebas. Hechos cometidos mediante intimidación y con abuso de una situación de superioridad por parte del agresor. Continuidad delictiva: homogeneidad de actos ilícitos y punibles que atacan el mismo bien protegido. Indemnización por daño moral.
Resumen: Lo que se conoce como "child grooming" se refiere las acciones realizadas para establecer una relación y un control emocional sobre un menor, con la finalidad de llevar a cabo una relación sexual. De esta manera, se adelanta la barrera de protección, castigándose un acto preparatorio para la comisión de un futuro delito de abuso sexual a menores de 16 años. Las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito que trasciende al mero acto preparatorio. Se trata de un delito de peligro, en tanto en cuanto se configura, no atendiendo a la lesión del bien jurídico protegido, sino a un comportamiento peligroso para dicho bien.
Resumen: La jurisprudencia de la Sala nunca ha identificado las explicables contradicciones de la víctima con la falta de persistencia. Antes, al contrario, hemos advertido acerca de la importancia de que su testimonio no implique la repetición mimética de una versión que, por su artificial rigidez, puede desprender el aroma del relato prefabricado. La psicología del testimonio nos advierte sobre la mayor permeabilidad del testimonio de los menores al influjo de preguntas sugestivas. Por lo que se refiere a la pericial psicológica sobre la "veracidad" de las declaraciones prestadas hemos de recordar que no corresponde a los psicólogos establecer tal cosa, que es competencia del Tribunal en su exclusiva función de juzgar y valorar las pruebas practicadas. Cuestión distinta es la relevancia que en la valoración de la credibilidad del testigo, -sea víctima o sea un tercero- pueden tener sus condiciones psico-físicas, desde su edad, madurez y desarrollo, hasta sus posibles anomalías mentales, pasando por ciertos caracteres psicológicos de su personalidad, tales como la posible tendencia a la fabulación, o a contar historias falsas por afán de notoriedad etc. Y es esto y no la veracidad misma del testimonio, lo que puede ser objeto de una pericia. En los casos de daños morales derivados de agresiones sexuales la situación padecida por la víctima produce, sin duda, un sentimiento de indignidad, legitimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria.
